LA UE APRUEBA UNA NUEVA DIRECTIVA PARA LA PROTECCION DE LOS DENUNCIANTES (“WHISTLEBLOWERS”)

LA UE APRUEBA UNA NUEVA DIRECTIVA PARA LA PROTECCION DE LOS DENUNCIANTES (“WHISTLEBLOWERS”)

A raíz de un estudio elaborado por la Comisión Europea en 2017 se estimó que la falta de protección a los denunciantes de casos de corrupción o “whistleblowers” en el ámbito de la contratación pública había supuesto unas pérdidas entorno a los 5.800 y 9.600 millones de euros al conjunto de la Unión Europea. Asimismo, dicho estudio concluyó que el 81% de los ciudadanos europeos respondieron que no informaron sobre casos de corrupción que sufrieron o presenciaron y que el 85% de quienes respondieron a la consulta pública realizada en 2017 por la Comisión creen que los trabajadores muy raramente o raramente informan sobre sus preocupaciones acerca de amenazas o perjuicios por temor a las consecuencias jurídicas y financieras.

Pues bien, con fecha 7 de octubre de 2019, el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) aprobó la Directiva sobre la protección de los denunciantes de irregularidades en el marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado en Luxemburgo, habida cuenta, entre otras cuestiones, de la diferente regulación de esta materia en distintos Estados Miembros.

El fin último de esta nueva Directiva es proteger a los denunciantes contra represalias como el despido, u otras formas de castigo análogas, con ocasión de las denuncias de actividades ilícitas o de abuso de derecho en los siguientes ámbitos: contratación pública; servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; salud pública; protección de los consumidores; protección de los datos personales y de la intimidad, y seguridad de las redes y los sistemas de información; infracciones relativas al mercado interior, en lo que respecta a actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a acuerdos cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades (entre otros).

Esta Directiva se aplicará a los informantes que hayan tenido conocimiento de información sobre infracciones en un contexto laboral tanto en el caso de que sean empleados de empresas públicas como de empresas privadas.

En cuanto a las empresas privadas no todas tendrán que adaptarse a esta normativa (las grandes empresas en todo caso), si bien habrá que esperar a conocer el ámbito de aplicación de la normativa que en su caso se apruebe en España.

A diferencia del carácter voluntario de la implementación de un Programa de Compliance de conformidad con las previsiones del articulo 31.bis del Código penal, se trata de una norma de obligado cumplimiento para las empresas afectadas, contemplándose un severo y disuasorio régimen sancionador en caso de incumplimiento.

La nueva Directiva debe ser transpuesta por los Estados Miembros antes del 15 de mayo de 2021.

Una vez se apruebe por España la transposición de esta Directiva, será necesario que cada empresa se preocupe de adaptar su Plan de Prevención de Riesgos Penales o Programa de Compliance a esta nueva normativa.

Así las cosas, desde FERNANDEZ & ELEJALDE ABOGADOS os animamos a adaptar vuestras empresas a esta nueva normativa europea.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0218&from=ES